PARTE 7  |   5 MARZO - 18 MARZO 2022

El Artículo VI trata del tercer componente de la trias politica: el Poder Judicial. Como ya se ha mencionado, en este momento no es posible determinar si todas las instituciones de la Unión Europea, incluido el Tribunal de Justicia de la UE, son también instituciones de la nueva Federación. Esto podría hacerse aplicando el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea: al menos nueve Estados miembros podrán establecer una cooperación reforzada sin perjuicio del mercado interior (salvaguardia de la unión aduanera, política monetaria, política de competencia y política comercial). En nuestra opinión, esta cooperación reforzada podría adoptar la forma de una Federación. En tal caso, no sería necesario crear un Tribunal de Justicia Europeo para la Federación. Dicho Tribunal asumiría entonces esa función. Si esa Federación del artículo 20 no se considera una cooperación reforzada, sigue siendo posible que los ciudadanos y los Estados -como el Reino Unido- primero abandonen la UE (artículo 50 del Tratado de la Unión Europea), luego formen una federación por derecho propio y, a continuación, se conviertan en miembros de la UE como Federación (artículo 49).

Ahora, en primer lugar, el poder judicial con un Tribunal Supremo Federal de Justicia, en la cúspide. En nuestra opinión, por debajo es necesario un sistema de tribunales federales inferiores en los Estados miembros de la Federación. Por ello, describimos primero a grandes rasgos cómo es ese sistema judicial en los Estados Unidos. A continuación se exponen los artículos de nuestro proyecto.

Ya en 1789, el Congreso de los Estados Unidos estableció por ley que el poder judicial federal constaría de tres niveles. El primer estrato lo ocupa el Tribunal Supremo. Debajo de él, hay diecinueve tribunales federales de apelación contra las sentencias de los noventa y cuatro tribunales federales de distrito que están por debajo de él. Además, cada Estado tiene sus propios tribunales y, por tanto, su propio Tribunal Supremo estatal.

Nota: el poder del Congreso para establecer tribunales federales inferiores implica también el poder para abolirlos. En EE.UU., esto ocurre a veces en la lucha de poder entre el Presidente y el Congreso, cuando la mayoría del Congreso no es del partido del Presidente. Para evitar que el Presidente utilice su poder presidencial de nombrar jueces (previo consejo y aprobación del Senado) sólo para colocar en esos puestos a miembros de su partido, puede ocurrir que la oposición en el Senado bloquee esos nombramientos. Si un tribunal federal inferior de este tipo se quedara sin jueces durante mucho tiempo (porque los anteriores se hubieran jubilado o abandonado por otros motivos), ocurriría que el Congreso cerrara dicho tribunal.

El Tribunal Supremo de EE.UU. decide en asuntos del gobierno federal, en disputas entre Estados miembros y en la interpretación de la Constitución estadounidense. La Constitución no otorga a ese Tribunal Supremo el derecho a declarar leyes contrarias a la Constitución con tantas palabras, pero en una disputa en 1803, el entonces Presidente del Tribunal Supremo estableció o reclamó ese poder para el Tribunal. La llamada "Revisión Judicial" implica el poder del Tribunal Supremo para declarar contraria a la Constitución una ley del Congreso o una medida del poder ejecutivo. La decisión del Tribunal Supremo constituye un precedente para casos similares en el futuro. El Tribunal Supremo actúa como órgano de apelación de las decisiones de los diecinueve tribunales federales de apelación.

En el nivel más bajo, los tribunales federales de distrito son competentes en los litigios relacionados con el sistema federal y en los asuntos entre litigantes que no residen en el mismo Estado. Las decisiones de estos tribunales pueden ser recurridas ante los diecinueve tribunales de apelación. Estos tribunales federales se basan, pues, en el artículo III de la Constitución estadounidense (en nuestro proyecto, en el artículo VI) y se denominan, por tanto, "tribunales constitucionales".

Los tribunales de estos tres niveles tienen jurisdicción general. Se ocupan de asuntos penales y civiles. Además de esta estructura de tres niveles, hay tribunales especiales, por ejemplo para quiebras (Tribunales de Quiebras) o impuestos (Tribunales Fiscales). Sin embargo, éstos tienen un estatus diferente. Los Tribunales de Quiebras se consideran "inferiores" a los tribunales de distrito y, por tanto, no entran dentro del artículo III de la Constitución de EE.UU. (en nuestro proyecto, artículo VI). Sus jueces no son nombrados de por vida y sus salarios pueden ajustarse. Los Tribunales Fiscales tampoco entran en ese Artículo III, sino en el Artículo I, Sección 8 (en nuestro proyecto de Artículo III). Se trata de los llamados "tribunales legislativos". Obsérvese que la Constitución de EE.UU. otorga así al Congreso el poder de establecer tribunales en dos lugares: sus Artículos I y III; en nuestra Constitución, los Artículos III y VI.

Además de actuar como órgano de apelación, el Tribunal Supremo resuelve los litigios relativos a la interpretación de la Constitución, los tratados y las cuestiones que afectan a los ministros o embajadores y cónsules de otras potencias.

Los jueces federales estadounidenses son vitalicios. Esto significa que permanecen en el cargo hasta que fallecen, dimiten voluntariamente o se jubilan. Si cometen un delito grave, también están sujetos al procedimiento de destitución.

Además de este poder judicial federal de tres niveles, los propios Estados miembros de EE.UU. tienen tribunales. Esto complica bastante las cosas, porque se da la circunstancia de que los tribunales federales pueden interferir en conflictos a nivel de un Estado, y viceversa, que los tribunales de un Estado pueden pronunciarse en litigios de carácter federal. Los tribunales de un Estado administran justicia sobre la base de las leyes de ese Estado. Y, por tanto, también con el derecho procesal de ese Estado. Cada Estado tiene también su propio Tribunal Supremo. En principio, este Tribunal Supremo de cada Estado es el tribunal de última instancia. Pero en muchos casos, las decisiones del Tribunal Supremo de ese Estado pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo Federal. El Tribunal Supremo del Estado sólo está vinculado por las interpretaciones de la Constitución realizadas por el Tribunal Supremo federal, no por las decisiones de jueces federales inferiores.

La Constitución estadounidense no especifica el número de jueces del Tribunal Supremo. Sin embargo, durante muchos años ha estado formado por nueve personas: el Presidente del Tribunal Supremo como juez presidente y otros ocho. Todos son nombrados por el Presidente tras la aprobación del Senado. El Tribunal no tiene salas separadas y siempre resuelve conjuntamente, por mayoría. El Tribunal Supremo siempre ha rechazado las peticiones de creación de salas con el argumento de que entonces habría más de un Tribunal Supremo.

Pasemos ahora a los artículos pertinentes de nuestro proyecto de Constitución Federal.

Explicación de la Sección 1- Los Tribunales y los Jueces

Los jueces del Tribunal Supremo Federal de Justicia no son nombrados por el Presidente, sino por un Presidium de Jueces, sobre la base de una ley del Congreso Europeo. Así se evita que el Presidente -apoyado por una Cámara de los Estados partidista- imponga nombramientos partidistas.

Corresponde al Congreso Europeo decidir si deben existir tribunales federales inferiores por debajo del Tribunal Supremo Federal de Justicia, los llamados Tribunales Constitucionales, además de los tribunales que cada Estado miembro establezca por sí mismo y separados de ellos.

El requisito de buena conducta de los jueces significa que pueden seguir trabajando hasta su jubilación a los 75 años, a menos que su comportamiento dé lugar a una destitución por parte del Congreso. Esto ha ocurrido catorce veces en Estados Unidos. También se estipula que sus salarios no pueden reducirse (aunque sí aumentarse) para evitar presiones sobre su independencia judicial.

La frase "representación adecuada de todos los Estados miembros" de la cláusula 2 implica que la ley del Congreso Europeo a la que aquí se hace referencia determinará cuántos jueces formarán parte de los tribunales. Así pues, esta Constitución no fija el número de jueces del Tribunal Supremo Federal de Justicia. La evolución del sistema judicial de la Federación Europea debe ser flexible y rápidamente adaptable por ley del Congreso Europeo.

Explicación de la Sección 2- Competencias del Poder Judicial Federal

La Sección 2 trata de la jurisdicción del Poder Judicial Federal. El Tribunal Supremo Federal de Justicia, así como los Tribunales Constitucionales inferiores, están facultados para declarar la invalidez de normas y medidas ejecutivas por motivos constitucionales. Pueden revisar leyes contrarias a la Constitución porque es la forma más elevada de derecho. En Estados Unidos se ha debatido mucho sobre este tema. Uno puede hacerse la pregunta: "¿Quién manda aquí?". Si el legislador hace una ley, se aplica a todos. Pero si un juez considera que esa ley es contraria a la Constitución, esa validez desaparece. Por tanto, los jueces federales (incluidos los de rango inferior al Tribunal Supremo Federal de Justicia) pueden "anular" al legislador.

Alexander Hamilton, en el número 78 de The Federalist Papers, proporcionó una aclaración sobre este punto que hasta el día de hoy se mantiene como la doctrina predominante: 

"La interpretación de las leyes es la competencia propia y peculiar de los tribunales [federales]. Una constitución es, de hecho, y debe ser considerada por los jueces [federales], como una ley fundamental. Por lo tanto, les corresponde determinar su significado, así como el significado de cualquier acto particular que provenga del cuerpo legislativo. Si hubiera una diferencia irreconciliable entre ambos, se debe preferir, por supuesto, el que tenga mayor obligación y validez; o, en otras palabras, se debe preferir la constitución a la ley, la intención del pueblo a la intención de sus agentes.

Esta conclusión no supone en absoluto una superioridad del poder judicial sobre el legislativo. Sólo supone que el poder del pueblo es superior a ambos; y que cuando la voluntad del poder legislativo, declarada en sus leyes, se opone a la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deben regirse por esta última y no por la primera. Deben regular sus decisiones por las leyes fundamentales, más que por las que no son fundamentales". 

Así pues, seguimos a Hamilton en su razonamiento de que una Constitución es la ley más fundamental, de y para el pueblo. En consecuencia, esa ley prevalece sobre todas las demás. Esto significa que la Constitución en la Unión Federal Europea es la ley judicialmente aplicable de mayor rango. Es verdaderamente "una Ley Constitucional", es decir, es más que una "Convención de la Constitución" o un acuerdo moral-político que difícilmente puede invocarse ante los tribunales.

En la Sección 2, la Cláusula 1b es peculiar. Encargado de proteger el Estado de Derecho en toda la Federación, este poder del Poder Judicial es una salvaguarda contra las llamadas "enmiendas destructivas", como en "enmiendas constitucionales inconstitucionales".[1]. Estas enmiendas no pretenden mejorar, sino atacar una Constitución, ya sea la Constitución Federal o la de un Estado miembro. Sobre la base de un enfoque teleológico, todos los tribunales del Poder Judicial Federal determinan lo que es "jurídicamente correcto". Esto puede diferir de lo que políticamente se considera una buena solución a los problemas de la sociedad. Si los políticos aniquilan la cohesión de la sociedad y causan con ello, entre otras cosas, problemas económico-financieros, lo que es un precursor común de la guerra a gran escala, entonces el Tribunal Supremo Federal de Justicia y los Tribunales Constitucionales pueden impedir que restrinjan y supriman derechos (fundamentales) e incluso que conviertan la sociedad en un campo de concentración. La cláusula 1b protege la vulnerabilidad de la Constitución frente a los impulsos autocráticos.

[1] Véase Yaniv Roznai, 'Enmiendas constitucionales inconstitucionales: Un estudio sobre la naturaleza y los límites de los poderes de enmienda constitucional", Tesis doctoral para el Departamento de Derecho de la London School of Economics and Political Science, 2014.

La cláusula 2 de la Sección 2 establece que para los litigios en los que sólo sean partes un Estado o Estados miembros, Ministros, Embajadores y Cónsules de la Unión Federal Europea, sólo será competente en primera y última instancia el Tribunal Supremo Federal de Justicia. Esta excepción al principio de competencia en primera instancia y en apelación viene dictada por el carácter delicado de este tipo de litigios, en los que está en juego la inmunidad de jurisdicción de los Estados miembros o de los funcionarios dentro y fuera de la Unión Federal Europea.

Con la cláusula 3 de la sección 2, introducimos el juicio con jurado en la Unión Federal Europea. Al menos para los delitos tipificados por la ley. Una cuestión espinosa en muchos países. Conocemos los encarnizados debates de los que están a favor y en contra. Nuestro argumento para dar este paso radica, sin embargo, en un elemento importantísimo del pensamiento federal: la Federación pertenece al pueblo. En caso de duda sobre la forma correcta de diseño constitucional e institucional, es sensato tomar al pueblo como punto de partida. Por lo tanto, para ciertos delitos, la jurisdicción por un jurado, asistido por magistrados profesionales. 

Explicación del artículo 3 - Competencias del Tribunal Supremo Federal de Justicia

Esta Sección 3 trata de algunos poderes específicos del Tribunal Supremo Federal de Justicia. Se trata de un poder especial para dictar resoluciones prejudiciales sobre la interpretación de la ley a petición de tribunales inferiores o de particulares.

Explicación de la Sección 4 - Alta traición y no pena de muertel

Suponemos que estas disposiciones no requieren más explicaciones.