PARTE 2  |  23 OCTUBRE - 13 NOVIEMBRE 2021

La siguiente exposición de motivos del proyecto de constitución federal para los Estados Unidos de Europa fue escrita originalmente por Leo Klinkers y Herbert Tombeur en sus European Federalist Papers (2012-2013): https://www.faef.eu/the-european-federalist-papers/ 

Explicación de la cláusula 1
Aquí nos inspiramos en las Constituciones americana y suiza. El texto de la primera cláusula define la naturaleza específica de una federación pública: no sólo está formada por los Estados, sino también y sobre todo por sus Ciudadanos; una Federación es de los Ciudadanos y de los Estados. Para todos aquellos que temen que una Federación, como pretendido superestado, absorba la soberanía de los Estados nacionales participantes, debe quedar claro ahora que dentro de los Estados Unidos de Europa los Estados permanecen: Francia sigue siendo Francia, Estonia sigue siendo Estonia, España sigue siendo España, etc. 

Y hay más: al nombrar explícitamente a los ciudadanos como copropietarios de la Federación, existe un mandato constitucional para consultarlos sobre los cambios propuestos en el territorio de la Federación. Un derecho que los ciudadanos europeos aún no han recibido con el Tratado de Lisboa: una forma de democracia directa. Abordamos este derecho en el artículo VII de nuestro proyecto. 

Los Estados están representados junto a los ciudadanos en el nivel federal de gobierno. Sus representantes tienen un mandato individual. No actúan en nombre y por cuenta de las instituciones políticas de su Estado. Este importante principio en el funcionamiento de la Federación se aborda en la organización del Congreso Europeo que consta de dos Cámaras. 

110 La siguiente exposición de motivos del proyecto de constitución federal para los Estados Unidos de Europa fue escrita originalmente por Leo Klinkers y Herbert Tombeur en sus European Federalist Papers (2012-2013): https://www.faef.eu/the-european-federalist-papers/ 

Explicación de la cláusula 2
Inmediatamente después de la entrada en vigor de la Constitución estadounidense, se hizo evidente la necesidad de una Carta de Derechos. Ésta llegó en forma de diez Enmiendas a la Constitución. Las enmiendas 1-9 contenían los derechos fundamentales propiamente dichos. Así que ahora los hemos incorporado al Artículo I, Sección 3. La Décima Enmienda (propuesta por James Madison y adoptada el 15 de diciembre de 1791) tenía un carácter diferente, más estatal, al reafirmar explícitamente el sistema estatal federal. Creemos que es importante dejar constancia de ello en la cláusula 2 del artículo I. Deja claro que la Federación Europea tiene una división vertical de poderes no jerárquica. Tanto las autoridades de la Federación como las de los Estados miembros son soberanas en las materias que la Constitución asigna a ambos niveles de gobierno. En el sentido de que a la Federación se le asignan competencias en una serie de ámbitos políticos limitados, no en otros. Para los amantes de las buenas prácticas históricas de finales del siglo XVIII, este principio de la separación vertical de poderes ya se estableció en los primeros diez días de la Convención de Filadelfia y se desarrolló en un proyecto de Constitución unas semanas más tarde. Establece constitucionalmente que el poder federal no puede ejercer ningún poder jerárquico sobre los Estados. 

Quienes conozcan el Tratado de Lisboa, y más concretamente el tratado parcial con el nombre de "Tratado de la Unión Europea", pueden preguntarse "¿Qué hay de nuevo? Al fin y al cabo, ese Tratado de la Unión Europea estipula en su artículo 4, apartado 1: "De conformidad con el artículo 5, las competencias no atribuidas a la Unión en los Tratados serán atribuidas a los Estados miembros". Esto parece dos gotas de agua sobre nuestro artículo I, cláusula 2. 

Pero las apariencias pueden ser engañosas. El posterior artículo 5 de dicho Tratado establece que la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. Este principio tiene dos aspectos: 

o La capacidad de actuación de la Unión viene determinada por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; es decir, en definitiva, la Unión puede actuar de forma decisiva en aquellos casos de los que los propios Estados miembros (o sus componentes) no podrían ocuparse (mejor); en otras palabras, el principio de subsidiariedad (dejar a los Estados lo que los propios Estados pueden hacer mejor) no es absoluto, sino relativo. 

o En la otra parte del Tratado de Lisboa -el "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea"- hay algunos artículos que dan una lista concreta de las competencias de la Unión. Pero esos artículos tienen en parte un carácter jerárquico, especialmente en el grupo de las competencias compartidas - se trata de competencias asignadas a ambos niveles de gobierno, pero en las que la Unión, al actuar, obliga a los Estados miembros a ajustarse a ellas. Esto no existe en una Federación. 

Por si todo esto fuera poco, también existen competencias subsidiarias a disposición de la Unión, otorgadas en el artículo 352 del mismo "Tratado de Funcionamiento de la UE". Esto significa que la Unión puede actuar si es necesario para alcanzar un objetivo de los Tratados y si ninguna otra disposición del Tratado prevé medidas para lograrlo. Esto se denomina "base jurídica flexible". En nuestra opinión, se trata de una llave manipuladora y arbitraria que encaja en cualquier cerradura. Por lo visto, la Unión Europea no puede abandonar hasta hoy la técnica de invocar el objetivo de una "integración cada vez mayor" para hacerse con el poder cuando le conviene. 

¿Por qué esto no se parece ni remotamente a la federalización? Volvamos a discutirlo. La práctica ha demostrado durante años que el principio de subsidiariedad hace aguas. El Protocolo que impide a la Unión tomar arbitrariamente decisiones fuera del ámbito de sus competencias expresamente concedidas, incluida la función de vigilancia de los parlamentos nacionales para garantizar el cumplimiento de dicho Protocolo, ya funcionaba muy mal antes de la llegada del Tratado de Lisboa. No ha funcionado en absoluto desde la entrada en vigor de ese Tratado en 2009, porque a partir de entonces el Consejo Europeo se hizo cargo de la toma de decisiones de principio. Y nadie puede parar esa máquina. ¿Por qué? Por la jerarquía que mencionamos antes: algo que una vez decidido por el Consejo Europeo supone la obligación para los Estados miembros de aplicarlo uniformemente en su propio país: la fuente de la integración asimiladora. Esto no sólo es ajeno a un sistema federal, sino que además no está claro quién es exclusivamente competente en qué materias. Sí se dice unas cuantas veces que tal o cual autoridad tiene competencia exclusiva, pero los artículos 1 a 15 del "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea" contienen tantos añadidos vagos que no hay claridad, como ocurre en la Constitución estadounidense. 

La Constitución de EE.UU. no establece que la Autoridad Federal pueda anular a los Estados miembros. Confiere a la Autoridad Federal un conjunto de competencias exhaustivamente enumeradas y eso es todo. No existe ninguna jerarquía con respecto a los Estados miembros, ni ninguna división de poderes. Al igual que en la Constitución suiza. 

Esta es la esencia del federalismo: una verdadera federación tiene una soberanía compartida pero no poderes compartidos: cada uno, la Autoridad Federal, y los Estados miembros, tienen sus propios poderes. Este es el resultado de las dos primeras semanas de debates en la Convención de Filadelfia que comenzó a finales de mayo de 1787. El "Plan de Virginia", que James Madison había puesto sobre la mesa como pieza inicial federalista, contenía una cláusula que otorgaba a la autoridad federal el poder de anular las "leyes impropias" de los estados. Hubo una objeción a esta cláusula, explicitada en el "Plan de Nueva Jersey" elaborado inmediatamente después. Las partes resolvieron posteriormente esta disputa en el "Gran Compromiso" optando por una separación vertical de poderes, expresada en una serie de poderes limitables de la autoridad federal: sin jerarquía. Así, no se interviene desde arriba si un Estado miembro ejerce sus funciones legislativas o ejecutivas de forma "indebida". 

Así es como debe ser: en un sistema federal, los Estados miembros son y siguen siendo soberanos en sus propios círculos. Por ello, nuestra Constitución no menciona en absoluto el principio de subsidiariedad, por la sencilla razón de que la enumeración exhaustiva (más adelante se hablará de ello) de las competencias federales establece la subsidiariedad en sentido absoluto. La Autoridad Federal no tiene poderes discrecionales -y mucho menos arbitrarios- para determinar por sí misma lo que los Estados miembros no podrían regular o realizar por sí mismos. 

Explicación de la cláusula 3
Los Estados Unidos de Europa se adhieren a dos cartas. Una es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, redactado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La otra es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Dado que ambas Cartas juntas tienen un sistema perfectamente ordenado de derechos fundamentales para los ciudadanos de la UE y otros ciudadanos europeos que no viven en la UE (todavía), adoptamos ambas Cartas como una Carta de Derechos Europeos ampliada. En el cuarto párrafo de la cláusula 3, añadimos una salvaguarda adicional: el derecho de los ciudadanos y de la prensa a acceder libremente a los documentos del gobierno federal, aunque sujeto a otras disposiciones en una ley. 

La razón para acoger los artículos de las Cartas pero no la referencia al principio de subsidiariedad es, pues -como ya se ha explicado-, que la disfuncionalidad estructural de dicho principio ha permitido a la UE continuar su producción asimilacionista durante años, siguiendo la tradición desde la fundación de las Comunidades Europeas. Digámoslo también de otra manera: el principio de subsidiariedad, tal y como se consagró en los tratados europeos desde el principio, nunca ha funcionado en el sentido en que se pretendía, es decir, dejar a los Estados miembros lo que ellos mismos hacen mejor. Cuando le conviene al Consejo Europeo, siempre se lo salta. Sólo si se dota a la autoridad federal europea de un conjunto de competencias limitadas (como dicen los alemanes, un "Kompetenz Katalog") se puede poner fin al desprecio del principio de subsidiariedad. 

Nos enfrentamos a una cuestión legislativa. Tiene que ver con el apartado 2 del artículo 20 del "Tratado de la Unión Europea" (una de las partes del Tratado de Lisboa): este artículo establece que nueve Estados miembros tienen derecho a iniciar una cooperación reforzada. Sin embargo, esto sólo se permite cuando promueve los objetivos de la UE, protege sus intereses y fortalece su proceso de integración. No debe socavar el mercado interior: un mercado único de bienes, servicios, personas y capitales. 

Las disposiciones pertinentes del Tratado de Lisboa (incluidos los artículos 326 a 334 del otro Tratado de Lisboa, el "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea") indican que si los nueve Estados miembros de la UE crean una asociación más estrecha (por ejemplo, en forma de Federación), pueden utilizar las instituciones de la Unión. Incluyendo todo lo que existe en términos de regulación en torno a esas instituciones. En sentido estricto, esto implicaría, al menos esa es nuestra interpretación del artículo 20 del "Tratado de la Unión Europea", que tras la ratificación de la Constitución Federal por los pueblos de al menos nueve Estados miembros de la UE, esa federación tendría acceso legal a todas las instituciones de la UE existentes y a sus competencias. Así, también al Banco Central Europeo, al Tribunal de Justicia Europeo, etc. 

Si este es el razonamiento correcto - una cuestión que debe evaluar la Convención de los Ciudadanos - entonces la cláusula 3 sería superflua. Después de todo, la Carta de los Derechos Fundamentales ya se aplicaría por ley a la Federación de Europa. Y entonces no sería necesaria una referencia explícita a ella en el apartado 3 del artículo 1. 

Explicación de la cláusula 1: base formal
Desde un punto de vista formal, la secuencia de establecimiento de esta constitución es la siguiente. Los ciudadanos de la UE y de otros Estados europeos -con derecho a voto- ratifican esta constitución por mayoría simple. Corresponde a los respectivos parlamentos de esos Estados decidir si siguen la voluntad de sus Ciudadanos. Los Estados que siguen la voluntad de sus Ciudadanos constituyen así la Unión Federal Europea. Esta Federación tiene dos posibilidades de existencia. O bien junto a la Unión Europea intergubernamental, o bien como Federación dentro de esa Unión Europea. Al fin y al cabo, Alemania federal, Austria y Bélgica ya son miembros de la UE.

Explicación de la cláusula 1: base filosófica
La base filosófica de la cláusula 1 es la siguiente. La Federación se basa en la soberanía de los ciudadanos, los Estados y la propia Federación. Soberanía significa el derecho y la obligación de "reinar"; no de "gobernar". Es decir:

• Que los ciudadanos dirijan sus hogares basándose en principios económicos para alcanzar la prosperidad a través de la libertad financiera.
• Que los Estados gobiernen sus hogares basándose en principios sociológicos para alcanzar el bienestar a través de la igualdad cultural.
• Para que la Federación reine en su hogar basándose en principios jurídicos para alcanzar el bienestar a través de la moralidad.

La relación mutua entre los Ciudadanos, los Estados y la Federación forman una trias politica idiosincrática: espacios independientes reinantes bajo el principio de subsidiariedad, definidos con precisión, no sea que las deliberaciones produzcan un ruido cacofónico ininteligible. De lo contrario, las reflexiones de los ciudadanos y de los Estados se verán sofocadas por el juego jerárquico del poder. Cada una de las tres entidades de esa trias politica "sui generis" debe tener y ocuparse de sus propios asuntos en aras de la subsidiariedad. La Federación en su conjunto necesita protección contra cualquier (grupo de) Ciudadanos o Estados con impulsos egoístas financieros, culturales o políticos que rompan el complejo de valores del Preámbulo, sin el cual nuestras comunidades permanecen o se convierten en "animalistas" en lugar de "humanistas".

Hay opiniones que niegan o minimizan el espacio propio, independiente y soberano de pensamiento y acción de los Ciudadanos. Sin embargo, la historia ha demostrado repetidamente que los Ciudadanos sí tienen su propio espacio, y que la constitución (o documentos del mismo valor) deben reflejarlo. Pensemos en la Carta Magna inglesa de 1215, en la que los vasallos del rey Juan Lackland dejaron claro que con su firma debía respetar los derechos inalienables de su pueblo, pues de lo contrario lo depondrían. Los Países Bajos, con la Placa de Abandono de 1581, declararon que el Rey español ya no era su soberano y estaban dispuestos a una guerra de 80 años para ganar esta batalla. La Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de Independencia con la que las trece colonias británicas declararon su independencia en 1776 son también ejemplos del derecho inalienable de los ciudadanos a liberarse de un gobierno autocrático. Después de la Segunda Guerra Mundial, las colonias holandesas, portuguesas, francesas, belgas y británicas hicieron lo mismo. La mayoría de ellas por la fuerza.

Así, nuestra Constitución federal garantiza el espacio libre de los Ciudadanos en varios lugares. En primer lugar, poniendo la ratificación de la Constitución Federal principalmente en manos de los Ciudadanos de Europa: la forma definitiva de democracia directa. Esto la convierte en una Constitución de, por y para los Ciudadanos. Corresponde entonces a los respectivos parlamentos decidir si siguen o no la voluntad popular; en caso afirmativo, Ciudadanos y Estados son copropietarios. Posteriormente, este espacio propio de los Ciudadanos se establece en la Sección III del Preámbulo, que reza así: 

III. Por último, sin perjuicio de nuestro derecho a ajustar la composición política del cuerpo federal en las elecciones, tenemos el derecho inalienable de deponer a las autoridades de la federación si, a nuestro juicio, violan lo dispuesto en los puntos I y II, 

Por último, el espacio libre de los Ciudadanos se refleja en los referendos del Artículo V, en particular la introducción del referéndum decisivo de la Cláusula 8 de dicho Artículo.

Otros puntos de vista conceden poco o ningún espacio libre a los Estados miembros de la federación. Consideran que la posición de los Estados "sólo" representa al pueblo. Por tanto, limitada a un papel administrativo. En otras palabras, consideran que el espacio de los Ciudadanos y el de los Estados coinciden, por así decirlo, y sólo ven una clara distinción entre el espacio de los Estados y el de la Autoridad Federal. Nosotros no seguimos esta línea de pensamiento. Aunque los Estados sean la representación de su pueblo, son responsables de su propio espacio de decisión para el orden democrático y funcional del Estado. Así lo confirma el Artículo VII, Sección 3, Cláusula 2, que reza en la versión original del proyecto:

"Los Estados Unidos de Europa no interferirán en la organización interna de los Estados de la Federación"

La relación de estos tres mundos de pensamiento independientes -subsidiarios- entre los Ciudadanos, los Estados y la Federación quizá pueda entenderse mejor visualizándola con tres círculos que se cruzan.

El Círculo 1 es el mundo del reinado de los Ciudadanos, el Círculo 2 el de los Estados y el Círculo 3 el de la Federación, con su tríada política horizontal de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En el centro, en el número 4, se encuentra el resultado de su reinado combinado, expresado en la máxima protección del complejo de valores del Preámbulo: el "santo grial", por así decirlo, inencontrable pero, no obstante, obligado a una búsqueda eterna por parte de las tres entidades implicadas.

Explicación de la cláusula 1 - contenido
Desde el punto de vista del contenido, nos inspiramos en las Constituciones estadounidense y suiza. El texto de la primera Cláusula define la naturaleza específica de una federación pública: no sólo está formada por Estados, sino también y sobre todo por sus Ciudadanos; una Federación es de los Ciudadanos y de los Estados. Ellos son los copropietarios de la federación. Para todos aquellos que temen que una Federación, como pretendido superestado, absorba la soberanía de los Estados miembros participantes, ahora debería quedar claro que dentro de la Unión Federal Europea los Estados siguen siendo como son: Francia sigue siendo Francia, Estonia sigue siendo Estonia, España sigue siendo España, etcétera. 

Y hay más: al nombrar explícitamente a los Ciudadanos como copropietarios de la Federación, existe el mandato constitucional de consultarlos sobre los cambios propuestos en el territorio de la Federación. Un derecho que los Ciudadanos Europeos aún no han recibido en virtud del Tratado de Lisboa: una forma de democracia directa. Abordamos este derecho en el artículo VII de nuestro proyecto de Constitución. 

Los Estados están representados junto a los ciudadanos en el nivel federal de gobierno. Sus representantes tienen un mandato individual. No actúan en nombre y por cuenta de las instituciones políticas de su Estado. Este importante principio en el funcionamiento de la Federación se aborda en la organización del Congreso Europeo compuesto por dos Cámaras. 

Explicación de la cláusula 2
La cláusula 2 del artículo I deja claro que la Federación Europea tiene una división vertical no jerárquica de poderes. Esto crea una "soberanía compartida" entre los Estados y la entidad federal: los Estados confían a la Federación el uso de algunas de sus competencias para velar por intereses comunes. Se trata de intereses de los que (ya) no pueden ocuparse los propios Estados. Confiar a la autoridad federal algunas competencias estatales no le confiere ningún poder jerárquico, ni mucho menos le permite intervenir en el orden interno de los Estados.

Tanto las autoridades de la Federación como las de los Estados miembros son soberanas en aquellas materias que la Constitución asigna a ambos niveles de gobierno. En el sentido de que a la Federación se le asignan competencias para una serie de ámbitos políticos limitados, no para otros. Para los amantes de las buenas prácticas históricas de finales del siglo XVIII, este principio de separación vertical de poderes (que no debe confundirse con jerarquía de poderes) ya se estableció en los diez primeros días de la Convención de Filadelfia y se desarrolló en un proyecto de Constitución unas semanas más tarde. Establece constitucionalmente que el poder federal no puede ejercer un poder jerárquico sobre los Estados.

Quienes conozcan el Tratado de Lisboa, y más concretamente el tratado parcial con el nombre de "Tratado de la Unión Europea", pueden preguntarse "¿Qué hay de nuevo? Al fin y al cabo, ese Tratado de la Unión Europea estipula en su artículo 4, apartado 1: "De conformidad con el artículo 5, las competencias no atribuidas a la Unión en los Tratados serán atribuidas a los Estados miembros". Esto parece dos gotas de agua sobre nuestro artículo I, cláusula 2.

Pero las apariencias engañan. El posterior artículo 5 de ese Tratado de Lisboa establece que la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. Esto es lo que NO debe hacerse; el principio de atribución deja indeterminadas demasiadas cuestiones de competencia:

• El poder de actuación de la Unión viene determinado por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; es decir, en pocas palabras, la Unión puede actuar decisivamente en casos de los que los propios Estados miembros (o sus componentes) no podrían ocuparse (mejor); en otras palabras, el principio de subsidiariedad (dejar a los Estados lo que los propios Estados pueden hacer mejor) no es absoluto, sino relativo.
• En la otra parte del Tratado de Lisboa -el "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea"- hay algunos artículos que ofrecen una lista concreta de las competencias de la Unión. Pero esos artículos tienen en parte carácter jerárquico, especialmente en el grupo de competencias compartidas -se trata de competencias asignadas a ambos niveles de gobierno, pero en las que la Unión, al actuar, obliga a los Estados miembros a ajustarse a ellas-. Esto no existe en una Federación. 
• Por si todo esto fuera poco, también existen competencias subsidiarias a disposición de la Unión, otorgadas en el artículo 352 del mismo "Tratado de Funcionamiento de la UE". Esto significa que la Unión puede actuar si es necesario para alcanzar un objetivo de los Tratados y si ninguna otra disposición del Tratado prevé medidas para lograrlo. Esto se denomina "base jurídica flexible". En nuestra opinión, se trata de una llave manipuladora y arbitraria que encaja en cualquier cerradura. Por lo visto, la Unión Europea no puede abandonar hasta hoy la técnica de invocar el objetivo de una "integración cada vez mayor" para hacerse con el poder cuando le conviene.

¿Por qué esto no se parece ni remotamente a la federalización? Discutámoslo de nuevo. La práctica lleva años demostrando que el principio de subsidiariedad hace aguas por todas partes. El Protocolo que impide a la Unión tomar arbitrariamente decisiones fuera del ámbito de sus competencias expresamente otorgadas, incluida la función de vigilancia de los parlamentos nacionales para garantizar el cumplimiento de dicho Protocolo, ya funcionaba muy mal antes de la llegada del Tratado de Lisboa. No ha funcionado en absoluto desde la entrada en vigor de ese Tratado en 2009, porque a partir de entonces el Consejo Europeo se hizo cargo de la toma de decisiones de principio. Y nadie puede parar esa máquina. ¿Por qué? Por la jerarquía que mencionábamos antes: algo decidido una vez por el Consejo Europeo supone la obligación para los Estados miembros de aplicarlo uniformemente en su propio país: la fuente de la integración asimiladora. Esto no sólo es ajeno a un sistema federal, sino que además no queda claro quién es exclusivamente competente en qué materias. Dice unas cuantas veces que tal o cual autoridad tiene competencia exclusiva, pero los artículos 1 a 15 del "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea" contienen demasiados añadidos vagos que no quedan claros.

La Unión Federal Europea no prevé que la Autoridad Federal pueda anular a los Estados miembros. Confiere a la Autoridad Federal un conjunto de competencias enumeradas exhaustivamente y eso es todo. No hay jerarquía respecto a los Estados miembros, ni división de poderes. Como en la Constitución suiza y estadounidense.

Esta es la esencia del federalismo: una verdadera federación tiene soberanía compartida pero no poderes compartidos: cada uno, la Autoridad Federal, y los Estados miembros, tienen sus propios poderes. Este es el resultado de las dos primeras semanas de debates en la Convención de Filadelfia que comenzó a finales de mayo de 1787. El "Plan de Virginia", que James Madison había puesto sobre la mesa como pieza inicial federalista, contenía una cláusula que otorgaba a la autoridad federal el poder de anular las "leyes impropias" de los Estados. Hubo una objeción al respecto, explicitada en el "Plan de Nueva Jersey", elaborado inmediatamente después. Las partes resolvieron posteriormente esta disputa en el "Gran Compromiso" optando por una separación vertical de poderes, expresada en una serie de poderes limitables de la autoridad federal: sin jerarquía. Así pues, ninguna intervención desde arriba si un Estado miembro ejerce "indebidamente" sus funciones legislativas o ejecutivas.

Así es como debe ser: en un sistema federal, los Estados miembros son y siguen siendo soberanos en sus propios círculos. Por ello, nuestra Constitución no menciona en absoluto el principio de subsidiariedad, por la sencilla razón de que la enumeración exhaustiva (más adelante se hablará de ello) de las competencias federales establece la subsidiariedad en sentido absoluto. La Autoridad Federal no tiene poderes discrecionales -y mucho menos arbitrarios- para determinar por sí misma lo que los Estados miembros no podrían regular o realizar por sí mismos. 

Explicación de la cláusula 3
Inmediatamente después de la entrada en vigor de la Constitución estadounidense, se hizo evidente la necesidad de una Carta de Derechos. Ésta llegó en forma de diez enmiendas a la Constitución de siete artículos. Posteriormente, la Carta de Derechos se incorporó como anexo a la Constitución. La Constitución federal de diez artículos de la Unión Federal Europea tampoco contiene una Declaración de Derechos. Se refiere a los derechos que se aplican por referencia a otros documentos. Es la siguiente.

La tercera cláusula del artículo I considera que los derechos de los ciudadanos europeos se derivan de los derechos naturales. El hombre no tiene autoridad sobre ellos. Los derechos naturales son derechos fundamentales, evidentes por sí mismos. Y lo que "se da por supuesto" no necesita explicación. Además de estos derechos en virtud de la naturaleza, tenemos derechos en virtud de acuerdos celebrados con el consentimiento de todos los participantes. En nuestra época moderna, estos acuerdos se recogen en Cartas porque tienen carácter transnacional. 

La expresión "todo ser humano vivo" significa que la Constitución no concede derechos naturales, fundamentales y evidentes a todos los demás seres vivos de la Tierra: animales, plantas, mares y todos los demás fenómenos vivos no humanos posibles. De ellos se derivan derechos consensuados, pero tales derechos son actualmente objeto de gran debate y pueden establecerse en otros documentos distintos de la Constitución federal.

Así pues, existe una división entre derechos naturales y derechos culturales. Los derechos naturales no necesitan ser formulados, porque hacerlo sería afirmar erróneamente que son adaptables o negociables. Esto sólo es posible con los derechos derivados del derecho natural que son establecidos por los hombres de común acuerdo en las Cartas. 

La cláusula 3 remite a las Cartas para esos derechos culturales concretos, hechos por los hombres, sin tener en cuenta los diversos acuerdos intergubernamentales de las Cartas y las referencias a las instituciones intergubernamentales. No es necesario ni aconsejable incorporar literalmente a la Constitución derechos concretos ya establecidos en las Cartas. También se trata de evitar la necesidad de desarrollar una nueva jurisprudencia y la consiguiente necesidad de modificar la Constitución cuando la jurisprudencia dé pie a modificar estos derechos culturales. En caso de que la UE deje de existir, la Federación puede adoptar las Cartas -adaptadas o no- como su propio ámbito de derechos humanos.

Las constituciones postotalitarias siempre han funcionado así: se abren a los tratados internacionales de derechos humanos y gracias a ellos consiguen actualizar la protección de los derechos fundamentales sin tener que cambiar siempre el texto. Pretender fijar una lista exhaustiva de derechos fundamentales sin remitirse a los tratados de derechos humanos o a la Carta de derechos fundamentales acabaría frustrando la necesidad de garantizar un alto nivel de protección a los propios derechos porque el texto de las constituciones envejece si no se vincula a la evolución de la comunidad internacional. La historia del derecho constitucional está llena de referencias como ésta, tenemos que elaborar un documento que tenga la ambición de funcionar.Si no reconocemos el valor constitucional de la Carta de los Derechos Fundamentales, socavaremos la fuerza de los derechos fundamentales. Vinculará a los legisladores, pero eso es lo que hacen normalmente las constituciones y así es como funciona la revisión judicial de la legislación. Los tribunales se basan en la Constitución para declarar la invalidez de las leyes que se consideran contrarias a los derechos fundamentales.

Hay muchos ejemplos de disposiciones constitucionales de este tipo: Art. 10, párrafo 2, de la Constitución española, Art. 16 de la Constitución portuguesa, Art. 5 de la Constitución búlgara, Art. 20 de la Constitución rumana, Art. 93 de los Países Bajos, y muchos otros. Si se ignora esta referencia, habría que redactar una lista detallada de derechos, lo que alargaría mucho el texto constitucional, cuando uno de los objetivos es redactar un texto breve, eficaz y comprensible. Así pues, esto explica por qué no es necesario, ni aconsejable, incorporar literalmente a la Constitución derechos concretos ya recogidos en Cartas.

La constitución, una vez ratificada, obliga a todos: individuos, gobiernos y organizaciones privadas de todo tipo. Por tanto, no es necesario exigir la firma de ciudadanos y organizaciones para confirmar su compromiso con la constitución. Eso está implícitamente establecido. La razón para mencionarlo explícitamente aquí es la circunstancia de que siempre hay individuos u organizaciones que violan los derechos humanos. Con la tercera cláusula del artículo I queda claro que la Unión Federal Europea es una república laica que se opone incondicionalmente a la violación de los derechos humanos por parte de cualquier persona o institución.

Explicación de la cláusula 4
La libertad de información y la transparencia son tan fundamentales y vitales para la democracia y la legitimidad/confianza pública en las autoridades, que merecen figurar directamente en el Artículo I.

Explicación de la cláusula 5
La cláusula 5 establece constitucionalmente que la Federación Europa se ve a sí misma como uno de los bloques de construcción de una Federación Mundial. Sólo si la Tierra está gobernada por una Federación Mundial, apoyada por una serie de Estados federales (continentales) como la Unión Federal Europea, podrán superarse las tensiones geopolíticas, los conflictos armados y la codicia, causas de un sufrimiento humano sin precedentes (destrucción de la Tierra, refugiados, torturas, flujos migratorios, pobreza, enfermedades, analfabetismo y otros).

Todas las cláusulas del Artículo I tienen el sello de establecer compromisos fundamentales. Si pedimos a los Estados miembros de la UE que se comprometan a firmar como miembros de una Europa federal, entonces una Federación Mundial puede pedir a una Europa federal que se comprometa a actuar como uno de los pilares de los cimientos de esa Federación Mundial. 

Del mismo modo que nuestra Europa federal constitucional debe sustituir al sistema intergubernamental antidemocrático de la UE, una Federación Mundial constitucional debe sustituir al disfuncional sistema de tratados de la ONU. 

La cláusula 5 deja claro que son efectivamente los ciudadanos de la Unión Federal Europea quienes (deben) tomar tal decisión. Así se establece en el Artículo V, Sección 1, Cláusula 8: el Presidente organizará un referéndum decisivo entre todos los ciudadanos sobre dicha afiliación/adhesión.